Luego de que la Justicia declaró inconstitucional el decreto del saliente presidente Alberto Fernández que dispuso regular los precios del sector de las telecomunicaciones, las principales operadoras se disponen a recuperar parte de los costos atrasados que derivan de dicho control oficial.
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, llevarán a cabo el primer retoque de tarifas del 2024 con un incremento de hasta el 14%, según el servicio y la operadora.
El decreto es el 690 que el gobierno kirchnerista sancionó durante la pandemia del Covid-19 y que declaró al sector telco como un servicio público universal y abrió la puerta al control de los aumentos de tarifas de telefonía celular; internet y televisión por cable.
La medida congeló precios hasta el 31 de diciembre del 2020 sin prever compensación económica ni indemnización alguna a la empresa que hasta ese momento y como licenciataria de Servicios TICS, podían fijar libremente sus tarifas.
La decisión causó rechazo en todo el arco empresario teniendo en cuenta que imponía un absoluto control estatal, afectando el derecho de libertad de expresión, vulnerando el principio de razonabilidad que consagra el artículo 28 de la Constitución Nacional afectando las actividades de Telecom como proveedor de telefonía básica, telefonía móvil, acceso a internet y TV por cable.
A partir de esos argumentos, el malestar contra el DNU fue creciendo y varios fallos judiciales hicieron lugar a una serie de amparos judiciales que presentaron varias operadoras como Telecom y cámaras empresarias del sector que reclamaban dejar sin efecto la medida y declararlo inconstitucional, teniendo en cuenta que delegaba en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la competencia para fijar los precios y para establecer una prestación básica universal obligatoria y declara servicio público a la telefonía móvil.
Derecho violado
En el caso de Telecom, el reclamo se basó en que el decreto, al no disponer compensaciones, viola el derecho de propiedad y que no existían circunstancias «excepcionales» ni urgencia para declarar servicio público «a los Servicios Tics y a la Telefonía móvil, sometiendo a su mandante al control absoluto del PEN, afectando el derecho a la libertad de expresión, pudiendo el ENACOM disponer el apagón de las redes».
Sus abogados entendían que, con la declaración de servicio público, se suprimió la condición de libre competencia en que se prestaban y se violentaban los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional que prohíbe el establecimiento de jurisdicción federal en materia de libertad de prensa.
La empresa también alegó que por Resolución 37/14 se aprobó el Reglamento General del Servicio de comunicaciones móviles avanzados, conocido como 4G, manteniendo el esquema de libertad de precios y competencia. También que la TV por cable se brinda en un régimen de libertad de precios; al igual que el servicio de internet.
Toda esta presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 que, luego de varios meses de análisis y de otros fallos similares, consideró al decreto inconstitucional por vulnerar el principio de razonabilidad que consagra el art. 28 de la Constitución Nacional por la discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados.
Recuperar costos
Si bien durante todo el año, el ENACOM fue estableciendo el sendero de aumentos de precios, las operadoras no siguieron esas medidas y dispusieron sus propios retoques en función de los incrementos de costos y de la evolución de la inflación.
De hecho, iniciaron el 2023 con un retoque de casi el 25% como forma de recomponer en parte sus costos, que vienen creciendo a la par de la inflación mensual.
En tanto, en mayo, el ENACOM habilitó aumentos programados para los próximos meses del año, en virtud de la inflación con incrementos de 4,5% mensual «a partir del primer día de cada mes posterior a mayo de 2023, sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive».
Sin embargo, las empresas como Telecom, Telefónica y Claro, entre otras, así como varias asociaciones y cámaras empresarias que agrupan a este tipo de compañías, desconocieron la autoridad del ente para establecer políticas comerciales.
De hecho, estiman que el ENACOM permitió en todo el año un 57% de aumento contra el 75% de la inflación acumulada hasta agosto pasado, lo cual supone que las subas están de todos modos por debajo de la evolución de los costos.
Ahora, las operadoras comenzaron a anticipar a sus clientes que a partir de los primeros días de enero llevarán a cabo el primer retoque de tarifas del 2024 con un incremento de hasta el 14%, según el servicio y la operadora.
En el caso de Movistar, la nueva lista se pondrá en marcha desde el 2 de enero próximo con una suba de hasta un 14,4%, pero manteniendo las bonificaciones, se mantienen igual por el plazo acordado.
La empresa explica también que las llamadas internacionales modifican su precio que estará detallado en el dorso de la factura y propone a los usuarios que si no están de acuerdo con el cambio informado, «podemos buscar un plan que se adapte a tus necesidades, o podés rescindir el contrato sin cargo».
El aumento es mayor al autorizado por el gobierno de Alberto Fernández para diciembre que permitió aumentos del 4,5% de para las tarifas de televisión por cable, telefonía celular e internet.
